Especial 24/03: Complicidad empresaria
Por Gabriel Pereira, director adjunto de Andhes e Investigador postdoctoral del Departamento de Sociología de la Universidad de Oxford y Leigh A. Payne, profesora de Sociología y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford.
La conmemoración del 40º aniversario del Golpe Militar de 1976 encuentra a la Argentina en un momento clave del proceso de Verdad y Justicia (VyJ) iniciado, y muchas veces interrumpido, en 1983. Por un lado, se consolidó un proceso que busca determinar las responsabilidades de actores estatales miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. Por el otro, la sociedad argentina tomó el desafío de encauzar los esfuerzos de VyJ también hacia la determinación de las responsabilidades de ciertos grupos civiles en la implementación de un plan sistemático del terror, tal el modo en que la Corte Suprema de la Nación caracterizó e terrorismo de Estado durante el Juicio a la Juntas. Al asumir ese desafío, Argentina asume también un rol de gran responsabilidad en el contexto internacional, ya que su proceso de VyJ es considerado un punto de referencia por diferentes países y organismos internacionales.
Sin dudas, Argentina es reconocida mundialmente por sus avances en la reconstrucción de la verdad y en la búsqueda de la justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. Investigar y sancionar a los perpetradores de estos crímenes no es una tarea fácil. Basta mirar los niveles de impunidad en algunos países de todos los continentes para dimensionar la dificultad de esta labor. No obstante, y principalmente gracias a la tenacidad y a la creatividad de los organismos de derechos humanos , la sociedad argentina ha demostrado que no es imposible y puede decir con orgullo que la verdad y la justicia se pueden alcanzar dentro del marco de la ley, el respeto del debido proceso y el estado de derecho constitucional.
Si bien los avances logrados hasta aquí han sido suficientes para considerar a la Argentina un modelo en el contexto internacional, su rol como país que lidera la vanguardia internacional en la búsqueda de la verdad y la justicia se ha reafirmado al implementarse diferentes iniciativas que buscan determinar el grado de responsabilidad y complicidad de actores económicos. A su vez, dichas iniciativas, inscriptas en una prominente tendencia internacional que postula los derechos humanos como reguladores de la actividad económica, permiten reflexionar sobre la naturaleza misma del terrorismo de Estado. En esta reflexión, lamentablemente, lo sucedido en Tucumán es central para identificar la dimensión económica de la violencia y entender al plan sistemática del terror no tan solo como un plan criminal, sino también económico, social y político.
Avances en el proceso de VyJ en términos de Responsabilidad y Complicidad Empresarial
La estrecha relación entre el empresariado nacional e internacional, y el terrorismo de Estado ha sido abordada por diferentes investigaciones académicas y periodísticas. Estos trabajos permiten entender la matriz económica del programa de gobierno militar, e identificar sus socios y sus principales beneficiarios. En paralelo, y de forma creciente, en otros ámbitos estatales comenzó a develarse un aspecto diferente, pero aún más sombrío, de la responsabilidad y la complicidad económica: la participación de empresas en delitos de lesa humanidad.
En los tribunales federales encontramos un gran caudal de evidencia del involucramiento de cierto sector del empresariado en la comisión de delitos de lesa humanidad. Ya en la histórica Causa 13 aparecen menciones a la supuesta complicidad de empresas con violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, la empresa Ledesma, en Jujuy. De acuerdo con un relevamiento conjunto de sentencias contra miembros de las fuerzas armadas que realizan la Universidad de Oxford y Andhes, dichas menciones se encuentran también en casos recientes. Por ejemplo, hay inicios de que en Tucumán algunos empresarios pueden haber cedido sus instalaciones a las fuerzas del terrorismo de Estado para el establecimiento de centros clandestinos de detención, o señalado cuáles obreros debían ser desaparecidos, o provisto cierta logística para llevar a cabo sus actividades criminales, y hasta haber realizado contribuciones económicas para financiar la dictadura militar, entre muchas otras formas de involucramiento en delitos de lesa humanidad.
El cúmulo de información recabada durante décadas ha permitido iniciar procesos judiciales, cuyo objeto principal es determinar la responsabilidad empresarial en la comisión de delitos de lesa humanidad. De acuerdo con algunos trabajos de investigación académica, actualmente en nuestro país hay 15 causas en curso y 2 finalizadas. En estos casos se investigan situaciones como la de un empresario que se paseaba por los lugares de detención e indicaba a policías cuáles eran los obreros de su propia empresa que debían ser torturados. En otro caso, se investiga la responsabilidad de bancos que prestaron dinero al gobierno militar a sabiendas de que esos fondos serían usados para la represión ilegal. También se investiga casos en los que las empresas hicieron posible el secuestro de sus propios obreros, abriendo las puertas de sus fábricas y proveyendo listas de nombres e información clave para identificar a quienes iban a desaparecer.
El proceso de justicia iniciado en tribunales se complementa con iniciativas destinadas a reconstruir la verdad respecto de la complicidad y la responsabilidad empresarial. Ya los informes de las históricas CONADEP y la Comisión Bicameral de la Provincia de Tucumán hacían mención a este tipo de complicidades. No obstante, la contribución estatal más contundente en términos de construcción de la verdad en este tema es el reciente informe elaborado y publicado por el Ministerio de Justicia de la Nación en conjunto con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Centro de Estudio Legales y Sociales. Aquí se detalla la participación de 25 empresas en violaciones directas a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, incluidos algunos ingenios tucumanos. Este informe realiza valiosas contribuciones para entender el estrecho vínculo entre los intereses económicos de ciertos sectores de Argentina y la violencia implementada por el terrorismo de Estado; revela, por ejemplo, que el movimiento obrero fue uno de los objetivos principales de la violencia estatal. Ello sugiere que esta también se orientaba a reformular el entramado social de Argentina, eliminando la resistencia de los sectores obreros a las medidas económicas neoliberales. El informe hace especial foco en Tucumán, donde los obreros del azúcar, independientemente de que estuvieran o no afiliados a una agrupación política, fueron víctimas preferidas del terrorismo de Estado.
Tendencia global
Los avances en la Argentina deben ser entendidos como parte de una tendencia global que ubica los derechos humanos como estándares que regulan las conductas, tanto de los estados como de los particulares, incluyendo, por supuesto, las empresas. En dicha tendencia, Argentina se encuentra a la vanguardia por sus incipientes avances en la materia.
En los últimos tiempos, las Naciones Unidas han impulsado diferentes iniciativas que muestran un consenso para avanzar en la indagación de la responsabilidad de los actores económicos en las conductas violatorias de derechos. Por ejemplo, se creó el grupo de trabajo intergubernamental para la elaboración de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos; se elaboraron los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, y se creó un grupo de trabajo encargado hacer el seguimiento de su cumplimiento por parte de los estados miembro; el Consejo de Derechos Humanos incorporó en diferentes resoluciones, relacionadas con la justicia transicional, la rendición de cuentas y las reparaciones por crímenes cometidos por actores económicos; y recientemente el Experto Independiente sobre las Consecuencias de la Deuda Externa para el Pleno Goce de todos los Derechos humanos elaboró un informe que aporta herramientas para comprender en cuáles situaciones el apoyo financiero puede contribuir a la comisión a gran escala de violaciones manifiestas de los derechos humanos, o incluso a sostenerla.
Países de todos los continentes han implementado diferentes políticas de VyJ destinadas a dilucidar lo distintos niveles de responsabilidad de actores económicos en violaciones a los derechos humanos. Una investigacion preliminar ha encontrado que 16 países crearon comisiones de la verdad que analizaron esta cuestión y han aportado información clave para entender los mecanismos represivos. Nos referimos, por ejemplo, a la estructura de apoyo empresarial a los escuadrones de la muerte en Guatemala; los intereses económicos detrás de los desplazamientos de ciertas poblaciones en Kenia; el uso de empresas de seguridad privada para comerciar ‘diamantes de sangre’; o el financiamiento de bancos al apartheid sudafricano. El ejemplo más reciente es el de la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil, que concluyó que más de ochenta empresas nacionales e internacionales colaboraron activamente con el gobierno militar a través de prácticas como la provisión de información sensible de empleados, la entrega de esas personas a las fuerzas policiales y el financiamiento de grupos paramilitares. Esta tendencia parece encontrarse en vías de expansión: países como Colombia están trabajando hacia la inclusión de la cuestión de la complicidad económica dentro de la futura comisión de la verdad.
Asimismo, un estudio comparado muestra que hay en curso 61 investigaciones judiciales en aproximadamente 20 países del mundo en los cuales hubo una transición democrática a partir de la década del 1970. Esto, y el hecho de que tales juicios se realicen en países de todos los continentes, sugiere, al menos en forma preliminar, que la tendencia se está propagando temporal y geográficamente. Lo interesante es que las investigaciones judiciales se dan tanto en el campo penal como en el civil. En el primero, son 22 los casos en los cuales se busca la condena de personas individuales, en este caso empresarios. En el fuero civil, son 39 los juicios donde son empresas las investigadas, y la sanción perseguida es indemnización monetaria de las víctimas. Es importante destacar que las empresas no solo se exponen a investigaciones judiciales llevadas a cabo en los países donde participación de violaciones a los derechos humanos, sino también en juicios impulsados en países extranjeros. Tribunales de Canadá, Alemania, Bélgica y Estados Unidos están actualmente investigando la participación de empresas crímenes de lesa humanidad cometidos en países como Congo, Sudáfrica e Irak, entre otros. Y tribunales penales ad-hoc investigaron denuncias que implican a empresarios se involucraron en crímenes de lesa humanidad, como el caso de empresarios de medios condenados por el delito de genocidio como consecuencia de haber usado sus empresas para instigar el genocidio en Ruanda. Todos estos casos tienen su antecedente en los Tribunales de Núremberg, donde los aliados juzgaron a varios empresarios que, de diferentes formas, habían contribuido con el régimen nazi.
Estos desarrollos demuestran que el avance en la determinación de la responsabilidad empresaria por la comisión de delitos de lesa humanidad en la Argentina se enmarca en una tendencia internacional, según la cual las empresas deben responder por sus violaciones a derechos fundamentales. No es una cuestión menor, dada la importancia que tiene el contexto internacional para el avance de la justicia en este tipo de crímenes. Sabemos que los procesos locales que buscan justicia se ven revitalizados cuando el contexto internacional los acompaña. Por otro lado, la Argentina juega un rol crucial en esta tendencia, porque los avances en esta materia en nuestro país van marcando el rumbo a seguir en otros países.
El complejo entramado del terrorismo de Estado
Si bien es cierto que el proceso de VyJ respecto de la complicidad empresarial aún no está consolidado, los avances nos permiten complejizar nuestro entendimiento respecto del entramado sobre el cual se asentó el terrorismo de Estado y cuál fue su naturaleza.
Por un lado, pone sobre la mesa de discusión una cuestión altamente controvertida: la legitimidad social del terrorismo de Estado en Argentina. Inicialmente, el discurso exculpatorio de los perpetradores del terror insinuó que su accionar contó con un profundo apoyo social. En un giro macabro, los apologistas del terrorismo de Estado propusieron que este fue nada menos que la respuesta a un “clamor” popular que les exigía seguridad frente a la “amenaza” del comunismo. En palabras llanas, se alegó que fue la sociedad quien golpeó la puerta de los cuarteles.
La natural reacción a este argumento fue la negación de dicho apoyo social, o por lo menos, la negación de que hubiera sido determinante. Fue esta reacción, entre otras razones, la que determinó que el proceso de VyJ en Argentina se enfocara casi exclusivamente en determinar la responsabilidad de actores estatales. Los esfuerzos se concentraron en demostrar que fue orquestado y ejecutado por un grupo de personas, que el mentado apoyo social no era tal y que, por lo tanto, no deslindaba de responsabilidades a los perpetradores.
Los avances en procesos de VyJ respecto de la participación empresarial en la comisión de crímenes de lesa humanidad nos obligan a reconocer que el terrorismo de estado sí tuvo consenso social. Pero también nos indican que ese apoyo social no fue generalizado. Y justamente estos avances nos ayudan a identificar qué sectores del empresariado local e internacional prestaron su consenso a la violencia. Esto es un paso hacia adelante a la hora de entender el complejo entramado del terrorismo de Estado, que no hubiese sido posible sin el apoyo de ciertos sectores sociales. Asimismo, y no es un dato menor, permiten conocer las motivaciones de los sectores que brindaron ese apoyo social segmentado. Invertir recursos en el terrorismo de Estado, a la vez que legitimarlo socialmente, pareció ser un negocio altamente rentable para ciertos sectores.
Estos primeros avances en la materia sugieren además que ciertos sectores del empresariado no solo legitimaron la violencia y el horror, sino que también participaron activamente en la comisión de crímenes de lesa humanidad, lo que los convierte en responsables y cómplices de dicho crímenes. La evidencia recolectada en los procesos judiciales iniciados y varios de los estudios ya mencionados sugieren al menos cuatro formas de involucramiento empresarial en violaciones a los derechos humanos. El directo, cuando personal de la empresa participaba en la comisión de violaciones a los derechos humanos o cuando la empresa prestaba apoyo logístico esencial para que estas violaciones ocurrieran: el propio personal detenía y secuestraba personas, proveía de información a las fuerzas estatales para que se cometieran secuestros, o los secuestros y las torturas tenían lugar en el predio de algunas empresas, o se usaban vehículos de empresas para secuestrar personas, entre otros ejemplos. Otro tipo de involucramiento parece haberse dado financiando el aparato represivo: hablamos de empresas que aportaron al gobierno militar grandes sumas de dinero, a través de donaciones o de préstamos, que tenían como fin solventar el aparato represivo ilegal y clandestino. El aporte económico resultaba esencial para solventar los gastos que implicaba la violación de derechos humanos. El involucramiento también se dio a través del incumplimiento, por parte de los patrones, de los deberes laborales respecto de sus empleados: ciertas empresas no ofrecieron resistencia ni denunciaron secuestros y detenciones de obreros que tenían lugar en el sitio de trabajo. Y se sabe de algunos casos macabros: la patronal despedía a obreros a sabiendas de que estos habían desaparecido.
Por último, hubo participación de empresas en crímenes de lesa humanidad se observa en casos donde dichos crímenes fueron esenciales para el montaje de negocios privados, tanto secuestros como cesiones de bienes que permiten a empresarios montar negocios.
Sin dudas, el apoyo que recibió el terrorismo de Estado por parte de ciertos sectores empresariales, y el involucramiento manifiesto de un numero identificable de empresarios reafirma la idea de que no fue solo un plan criminal sino también fue un plan económico y social, según el cual claramente algunos sectores estaban destinados a beneficiarse, y otros, a perjudicarse. En ese sentido, los avances de las iniciativas de VyJ respecto de la complicidad económica revelan la dimensión económica del terrorismo de estado.
El futuro en la Argentina
Establecer la complicidad y la responsabilidad de empresas en la comisión de delitos de lesa humanidad es una tarea altamente compleja. Además de las dificultades propias de la investigación de conductas ilegales cometidas hace décadas, en muchos casos las empresas supuestamente implicadas en estos hechos mantienen un lugar prominente en la economía del país y algunas de ellas gozan de cierto respaldo social. Además poseen los recursos para contratar abogados altamente calificados, capaces de obstaculizar cualquier proceso judicial. Y también, hay que decirlo, tienen una enorme influencia sobre los gobiernos de turno y hasta sobre cierto sector del poder judicial.
Entre las condiciones necesarias para fortalecer el proceso de VyJ resulta vital mantener un clima político favorable al avance de las iniciativas tendientes a determinar la responsabilidad de las empresas involucradas en este tipo de crímenes. La experiencia de Argentina, pero también de otros países, sugiere que cuando un gobierno asume una postura firme en favor del desarrollo de los procesos de VyJ, se produce una inercia institucional positiva que opera de escudo protector frente a cualquier intento de impunidad. En ese sentido, es importante que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales adopten una postura firme en favor de este proceso. Una forma de hacer manifiesta dicha posición es poner en funcionamiento la Comisión Bicameral para Investigación de la Complicidad Económica creada por el Congreso Nacional en 2015, que recibió el apoyo de un nutrido grupo de relatores y expertos de Naciones Unidas. El informe que esta comisión deberá emitir al finalizar su mandato será de crucial importancia, tanto a la hora de reconstruir la verdad como al momento de acercar a la sociedad en su conjunto un análisis mesurado y profundo de los alcances de la complicidad económica.
Por otro lado, es importante generar conciencia social sobre la magnitud de la complicidad económica con la comisión de delitos de lesa humanidad y sobre lo necesario de avanzar en procesos que determinen la responsabilidad civil y criminal del empresariado implicado. Para esto la sociedad argentina debe animarse a mirar críticamente este fenómeno. Una gran oportunidad para la sociedad de Tucumán es el inicio de las audiencias en el juicio del llamado “Operativo Independencia”. Si bien se investiga la responsabilidad penal de miembros del gobierno de Isabel Perón y de miembros de las fuerzas de seguridad, los testimonios y las pruebas que habrán de producirse revelarán cómo la violencia represiva estuvo apoyada y entrecruzada con los circuitos económicos cercanos a los ingenios tucumanos. Este juicio permitirá detectar otros indicios de cómo sectores del poder económico provincial fueron pieza esencial del terrorismo de Estado. La sociedad Tucumana debería prestar atención también a este aspecto del juicio “Operativo Independencia”.
