Ciudad de México, 19 de junio de 2017. Autoridades de los tres niveles de gobierno son responsables de casi la mitad de las desapariciones en el estado de Nuevo León, según el informe del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad de la Universidad de Oxford, la Universidad de Minnesota y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México a partir de datos registrados por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) y presentado el pasado viernes en la ciudad de Monterrey.
El 46.76 por ciento de las desapariciones ocurridas en el Estado de Nuevo León entre 2005 y 2015 fueron realizadas por agentes estatales, 46.04 por ciento por organizaciones criminales y 7.19 por particulares. Dentro de los casos contabilizados a cargo del Estado, 49.25 por ciento pertenecen al orden municipal, 24.63 por ciento al estatal, y 26.12 por ciento al federal.
El informe se basa en el análisis de 548 casos de desaparición documentados por CADHAC que se complementan con la revisión de notas de prensa sobre casos de desaparición publicadas en el periódico El Norte entre 2010 y 2016. El objetivo de la investigación consiste en desmontar bajo la evidencia existente, una serie de mitos sobre las causantes, las modalidades y las víctimas de desaparición forzada. Esta entrega presenta los datos del caso inicial de Nuevo León y seguirá la revisión de cinco entidades más.
Datos vs. mitos
El análisis de los casos de desaparición en este informe refuta ese imaginario oficial y social como lo han sostenido las organizaciones de derechos humanos y de víctimas en el que se asegura que a los desaparecidos “por algo se los llevaron” o “se fueron por su propio pie”, aseguran las especialistas.
El reporte del Observatorio señala que la causa de estas desapariciones no necesariamente está vinculada con la pertenencia a grupos de crimen organizado. “También hay personas que desaparecen sin estar vinculadas al crimen organizado, no siempre se trata de un ajuste de cuentas”, advierten. En todo caso “el 91.55 por ciento de los casos se trata de personas no criminales”.
Al indagar sobre las formas en las que se desaparece a las personas, el Observatorio encontró que por la dinámica propia de la desaparición, en la medida en que avanza el tiempo la información es más escasa y de menor calidad. “De esta forma con la desaparición no sólo deja de hacerse presente la víctima, sino también la información que rodea a las circunstancias”.
Sin embargo, con los datos que pudieron recabarse, es posible identificar la casa de la víctima como el lugar más frecuente en el que acontecieron los actos de desaparición a través de cateos ilegales realizados por las fuerzas de seguridad. “Las desapariciones, cuando ocurren en espacio público, son mayormente ejecutadas por agentes estatales y cuando suceden en espacios privados son mayormente ejecutadas por grupos particulares”.
El 86.7 por ciento de las víctimas son hombres y 13.3 por ciento mujeres. Los casos que arrojaron información disponible sobre la edad muestra que la mayor parte son personas jóvenes de entre 18 y 33 años. En el grupo de hombres se encontró que la mayoría se dedicaban al comercio establecido y legal o eran choferes de transporte y maquinaria; mientras que la mayoría de las mujeres se dedicaba al trabajo doméstico.
Los casos registrados por CADHAC demuestran que “las desapariciones son denunciadas ante las autoridades pero que la respuesta estatal no es eficiente”. También muestran que hay mayor denuncia cuando las desapariciones se presumen llevadas a cabo por particulares que cuando se denuncian por agentes oficiales.
“Existen ocho casos de los acompañados por CADHAC con procesos abiertos. En todos ellos aparece como delito imputado el de “secuestro” o “secuestro agravado”. Solamente en dos de estos casos se han localizado a algunas de las víctimas, y en cinco casos se ha dictado al menos una sentencia respecto a uno o algunos de los responsables. En un solo caso se imputó el delito de desaparición forzada. Sin embargo, se dictó sentencia absolutoria. Los imputados tenían el carácter de funcionarios públicos pertenecientes a la Agencia Estatal de Investigación”.
Dados estos resultados, el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad recomienda mejorar las estrategias de investigación para asignar responsabilidad y encontrar a las víctimas, para encontrar la verdad detrás de las desapariciones, así como implementar acciones para apoyar a las organizaciones y familiares que trabajan en la búsqueda de justicia.
El informe fue presentado en las instalaciones del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS) en la ciudad de Monterrey por Karina Ansolabehere, Sandra Serrano y Álvaro Martos, de Flacso México; Barbara Frey, directora del Programa de Derechos Humanos en el College of Liberal Arts de la Universidad de Minnesota, Paula Cuellar de la Universidad de Minnesota y Leigh Payne, profesora del Latin American Centre de la Universidad de Oxford.
